La educación abarca el conjunto de procesos formativos que se desarrollan en todos los ámbitos sociales de la provincia de Buenos Aires desde los cuales se produce, intercambia, transmite y adquiere cultura: en las instituciones de enseñanza y aprendizaje, en los movimientos e instituciones de la sociedad civil, en el trabajo, en las actividades productivas y culturales y en los medios de comunicación. Sobretodo teniendo en cuenta los profundos cambios científico-tecnológicos que han abierto espacios de enorme potencia educativa.
Toda acción educativa no puede limitarse a regular el funcionamiento escolar sino que debe dejar abiertas posibilidades de transformaciones estratégicas, enmarcando claramente los alcances y limitaciones filosóficas, político-educativas, éticas y culturales de la educación en la provincia de Buenos Aires.
En tal sentido, cobra especial importancia el planeamiento, tanto como instrumento para cada gestión que esté en ejercicio, cuanto para la orientación de políticas educativas hacia el mediano y el largo plazo, que se integren al desarrollo provincial protagonizado por un pueblo conciente de su historia y del compromiso de su futuro con el bien común.
Los niños, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores, son sujetos de la educación desde situaciones socioeconómicas, culturales, ecológicas, lingüísticas y personales diversas y que reflejan la complejidad educativa de nuestra Provincia. La política educativa, la organización institucional y la pedagogía deben tener como meta la formación de la identidad de los sujetos, partiendo de sus necesidades, derechos y características actuales, para acompañarlos en la formación integral como personas creadoras, en la construcción de saberes socialmente productivos, en la capacidad de juicio propio, en la apropiación de valores humanísticos, en la actitud crítica y constructiva del mundo social y ambiental que les toca vivir, en la búsqueda de la propia trascendencia espiritual, social y política.
Algunos principios consagrados en la Ley 13688 pueden ayudarnos a comprender la totalidad de la responsabilidad a que nos comprometemos en tanto funcionarios públicos del Sistema educativo provincial:

- el carácter de derecho personal, bien social y bien público de la educación y el conocimiento;
- la responsabilidad pública de educar a las nuevas generaciones y al conjunto de la sociedad;
- la indelegable responsabilidad del Estado de sostener política, financiera y pedagógicamente el sistema de educación pública, y garantizar que la educación que se realice por diversos medios privados cumpla con los principios de esta Ley;
- la condición de sujetos de derecho de los niños y adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores;
- los principios de respeto a los derechos humanos y de no discriminación por condición u origen social, de género o étnica, ni por nacionalidad ni orientación cultural, sexual, religiosa o contexto de hábitat, condición física, intelectual o lingüística;
- la inescindible vinculación entre el sujeto social y la protección del ambiente;
- la libertad de enseñar y aprender, en el marco de los principios anteriores;
- el derecho al acceso, permanencia y graduación en todos los Niveles, Modalidades y programas educativos por parte de todos los habitantes de la Provincia, y de aquellos que accedan desde fuera por medio de nuevas opciones tecnológicas;
- la posibilidad de continuidad de los estudios, sin que existan circuitos terminales, garantizando el tránsito vertical y horizontal por el sistema de educación escolarizado, al cumplir con los requisitos que se fijen para la aprobación de cada segmento formativo, al mismo tiempo que estableciendo estrategias de reconocimiento de los saberes adquiridos en otras prácticas no escolarizadas;
- la calidad de la educación entendida como el cumplimiento de los anteriores enunciados y de la transmisión de los principios científicos y tecnológicos y de lenguajes que presiden la producción cultural en el más alto nivel contemporáneo; y
- el acceso irrestricto a la información pública en tanto derecho consagrado constitucionalmente, inalienable y necesario para el libre ejercicio de la ciudadanía, la transmisión social de la cultura y el cumplimiento de los principios anteriores.
- la imprescindible vinculación entre Educación, Ciencia, Tecnología, Desarrollo e Innovación Productiva, propendiendo a su integración normativa y a la articulación orgánica tanto a nivel de los contenidos curriculares como de los planes y programas que desarrollen las distintas dependencias y organismos del Estado y de la Sociedad Civil.
En la Ley de Educación Provincial  se manifiesta que el consenso de los bonaerenses es pensar desde la Provincia en la Nación, a la Provincia articulada a la Nación y al Sistema Educativo Provincial como parte integrante de un único Sistema Educativo Nacional. Es decir que debemos imaginar un federalismo educativo que dé relevancia a la identidad local, municipal, regional, sin perder los lazos que unen la parte con el todo, porque necesitamos sumarnos, aumentar la masa crítica de aprendizajes, enseñanzas y conocimientos, así como elaborar vínculos legítimos, legales y fluidos entre los procesos educativos que transcurren en las distintas jurisdicciones, especialmente:
- disponer la articulación de todas las leyes de orden provincial con las vinculadas de orden nacional para asegurar una integración normativa real e impedir circuitos de educación paralelos o antagónicos;
- establecer los acuerdos necesarios con la Nación y con las demás provincias para regular fluidamente las transferencias de alumnos entre jurisdicciones, la equivalencia de certificaciones y la continuidad de los estudios sin requisitos suplementarios;
- incorporar el Área Metropolitana en tanto zona de confluencia y articulación urbana y social, como objeto del diseño de políticas educativas asociadas y complementarias con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
- asumir que la migración del campo a los conglomerados urbanos, con la consiguiente transformación de identidad y calidad de vida, tendencia creciente especialmente en el último lustro, que es portadora de las culturas de casi todas las provincias argentinas y de los países vecinos, debe representar dentro de nuestras aulas lazos de interculturalidad con lenguas y costumbres diversas, poniendo en evidencia la riqueza que significa la complejidad y diversidad de nuestra población educacional, antes que rechazarla en pos de una uniformidad irreal y excluyente;
- atender las nuevas necesidades que presentan los niños y jóvenes que viven transitoriamente en la provincia de Buenos Aires, o emigran a otras jurisdicciones periódicamente motivados por las características temporales y precarias del empleo propio o de sus familiares; y
- participar en acuerdos que establezca la Nación con los países latinoamericanos, en especial del MERCOSUR y de otras latitudes así como con otros organismos de integración que los tiempos dicten, de manera coordinada con lo pautado por los convenios internacionales, referidos a las cuestiones educativas vinculadas con las migraciones y los intercambios lingüísticos, culturales, científico- tecnológicos y productivos.
La responsabilidad principal de la educación es del Estado, como lo marcó la legislación argentina desde las leyes fundadoras del sistema, pasando por los Pactos y Convenciones internacionales de Derechos Humanos hasta la Ley nacional 26.206. No existe ningún sujeto o institución social que posea los recursos institucionales, económicos y la capacidad de síntesis político-cultural, necesarios para garantizar la educación articulada de millones de niños, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores en una sociedad plural. Esta responsabilidad principal no debe contradecir el reconocimiento y respeto a la diversidad cultural y la libertad de enseñanza que están grabadas en la Constitución Nacional y las articulaciones entre ambos términos merecen ser consideradas con toda responsabilidad y pleno respeto por las opiniones y demandas de las familias y los sectores particulares de la comunidad dispuestos a sostener el carácter de bien social de la educación.
Durante los últimos quince años, pero especialmente a partir de la crisis de finales del Siglo XX y principios del XXI, se extendieron nuevas formas de atención de las necesidades educativas y educativo-asistenciales mediante comedores, guarderías, jardines de infantes, escuelas primarias y secundaria, centros de capacitación y otras propuestas, atendidas por personas, grupos y organizaciones de diverso carácter social y comunitario. En este sentido el Estado está empezando a dar solución a las situaciones de precariedad educativa que derivan de sus propias deficiencias. La existencia de centros educativos que no están inscriptos en los registros de la gestión pública estatal ni de la privada, pero cumplen con una labor socio-educativa, debe ser reconocida y reglamentada sin que su reconocimiento afecte las atribuciones y la integridad del sistema escolar, los derechos adquiridos y la profesionalidad de los educadores.
La tendencia más fuerte de la población escolar de los sectores populares de la provincia de Buenos Aires es el ausentismo no deseado, prolongado o esporádico así como formas diversas de desconexión con el aprendizaje, dentro y fuera del aula, que desembocan en el fracaso escolar y en muchos casos en el abandono. Pero debe tenerse en cuenta también la tendencia al reingreso: las tentativas de reingreso, frecuentemente con sobreedad, o a Modalidades -como la Permanente de Jóvenes, Adultos, Adultos Mayores y Formación Profesional- que ofrecen formas de organización académica más flexibles, que deben vincularse al resto de los Niveles y Modalidades. Los alumnos que han perdido tramos de su escolaridad deben ser reintegrados a la educación común mediante programas de apoyo. Pero los aportes especiales que requieran los chicos con ausentismo, o bien los alumnos con características diferentes de tipo personal, social o cultural, se impartirán como respuesta a un derecho que se agrega a su carácter de sujetos de la educación común. El sistema educativo debe proporcionar los elementos técnicos, financieros e institucionales necesarios, como parte de la política global de inclusión y las instituciones deben adecuar sus estrategias para integrar a los excluidos, para garantizar el ingreso, permanencia y graduación en todos los Niveles y Modalidades del sistema educativo, de acuerdo a las posibilidades y necesidades de cada uno.
En la situación actual es urgente introducir en la educación argentina y bonaerense el valor del trabajo socialmente productivo y creador, reconciliar a la educación escolarizada con la educación para y por el trabajo, formar a las nuevas generaciones como productores capaces de proyectar y conducir su economía, su organización social y su comunicación mediática, al mismo tiempo que erradicar el trabajo infantil y juvenil, que está correlacionado con el incremento del empleo en estas edades y el ausentismo escolar, que requieren de políticas específicas para su atención.
Del mismo modo, el Sistema Educativo Provincial tiene la atribución del reconocimiento y la valorización de los saberes construidos en la experiencia de vida y del trabajo, en relación con el conjunto de certificaciones que ofrece el sistema educativo en su conjunto. En esta época tan vasta en estímulos educativos, en una sociedad proclive a desechar saberes que otrora fueron socialmente productivos -y con ellos a los sujetos que representan-, que tiende a desacreditar a quienes no concluyen estudios formales, aunque adquieran saberes valiosos por vías informales o semiformales, es indispensable crear dispositivos de reconocimiento de saberes socialmente productivos, de capacitaciones adquiridas en la práctica laboral, combinadas con distintos cursos o tramos de estudios medios o superiores. Actualmente es necesario agregar al discurso pedagógico la categoría sustentabilidad, reconociendo en el momento histórico actual una bisagra entre épocas: el pensamiento científico y social construido hasta ahora, a la vez que exhibe una inédita creatividad y potencialidad, se muestra incapaz de garantizar el sostenimiento indefinido de los procesos ecológicos, el derecho a la vida de todas las especies y el desarrollo humano con justicia y dignidad.
Es indispensable restablecer la responsabilidad del Estado y la comunidad sobre el conjunto de los procesos educativos que se desarrollan en la sociedad, tanto dentro del sistema escolar, cuanto en los medios de comunicación masiva y en los procesos de transmisión de saberes que afectan al conjunto. También es preciso reconocer que la educación no se restringe sólo a las prácticas escolares, sino que incluye a todos los que aprenden y a todos los que enseñan, conformando una realidad social compleja y rica en tradiciones, acciones y porvenir. Esta complejidad da lugar a la existencia de un campo educativo mucho más vasto que el sistema escolar en el cual se incluyen saberes y prácticas referenciales en la formación subjetiva y ciudadana, de las organizaciones populares, movimientos sociales, medios de comunicación, grupos juveniles, espacios ligados a nuevas expresiones estéticas, a las iglesias, a perspectivas de género, a etnias e identidades indígenas, entre otros. Este campo educativo supone múltiples referentes educativos, muchos de ellos provisorios y contingentes. Una educación capaz de asumir los modos de ser, de vincularse, de identificarse, de expresarse, de construir conocimientos y apropiarse de saberes que tienen los niños, los adolescentes, los jóvenes, los adultos y los adultos mayores. Una educación que pueda inscribirse en las dimensiones de la "sociedad educadora", más allá de las instituciones educativas, como formadora de sujetos, de subjetividades y de ciudadanos.
En el marco de la construcción de una perspectiva de mediano plazo se hace necesario avanzar en la articulación de los fragmentados espacios de socialización, superando la distancia, sino el divorcio, entre las tecnologías del aula y las digitales, rompiendo las tendencias al aislamiento de la educación en los extremos sociales.
Es urgente reconstruir los lazos al interior de la comunidad educativa, entre generaciones, entre educadores y educandos y restablecer la transmisión intergeneracional de la cultura, reconstituyendo la relación educativa dialógica entre hijos y progenitores, alumnos y maestros, jóvenes, adultos y adultos mayores; entre docentes y directivos como funcionarios del Estado, entre los protagonistas de la educación pública y de ellos con el Estado; lograr que los adultos recobren su responsabilidad educativa es uno de los problemas político pedagógicos más serios de la época.
Desde la misma concepción, se debe restablecer entre los trabajadores de la educación (incluyendo a los administrativos, técnicos, auxiliares y profesionales del sistema educativo) el sentido de servidores públicos.
Por otra parte, un sistema educativo democrático tiene que establecer un sistema de gobierno de la educación secundaria y la educación superior incorporando a los estudiantes, docentes y auxiliares a órganos de dirección y control. Es indispensable sostener y valorizar los organismos de la comunidad que apoyan y complementan al sistema de educación pública, en particular los consejos escolares y las cooperadoras.
La educación de un Estado democrático debe apoyarse en una concepción de la administración capaz de gestionar el sistema escolar con estrategias que garanticen a la vez la eficiencia, el control de la gestión y la consolidación de los puestos de trabajo de todo el personal. Se debe modernizar el sistema educativo con los trabajadores de la educación pues los cambios educativos alcanzan profundidad democrática cuando van acompañados de reformas administrativas y organizacionales que conjugan pautas de planeamiento con controles sociales modernos y populares.