Instalada la primera Junta de gobierno en marzo de 1976, sus integrantes designaron como Ministro de Economía a José Alfredo Martínez de Hoz. 

Pronto, el nuevo ministro anunció un plan económico que, en apariencias, estaba destinado a paliar los problemas coyunturales del país pero cuya finalidad última era modificar la estructura económica del mismo. Se buscaba la desindustrialización del país para retrotraerlo al modelo agroexportador, liquidar el modelo de industrialización por sustitución de importaciones y propiciar una economía de mercado abierta.

El plan encarado buscaba el saneamiento monetario y financiero indispensable para modernizar y expandir el aparato productivo del país y acabar con la inflación, acelerar la tasa de crecimiento económico, mejorar la distribución del ingreso y garantizar salarios estables.

Sin embargo, en 1977, comenzó a sentirse un efecto negativo en las  actividades productivas, como consecuencia de las especulaciones financieras que eran incentivadas por las tasas de interés excesivamente elevadas en relación con las del exterior, además de las constantes devaluaciones que vivía el país.

Se fomentó la llamada “apertura de la economía”, es decir, la libre concurrencia a los mercados sin más requisito que la aceptación -también libre que el consumidor debía hacer de los productos en oferta- y eliminación de barreras en relación al mercado internacional. Esta medida pudo ser aplicada con el argumento de que las importaciones se harían menos costosas, forzando a los industriales a bajar los precios, so pena de ser desplazados por los productos internacionales.

Progresivamente, se redujeron los aranceles a la importación, se eliminaron las retenciones a las exportaciones agropecuarias y los subsidios a las exportaciones no tradicionales. También se liberalizaron los mercados de cambio y financiero y se brindó una apertura total a los capitales extranjeros, acordando un igual trato al capital nacional que al extranjero y la reducción de los plazos de entrada y salida de dichos capitales.  Así, se reinstalaba la política del laissez-faire que institucionalizó el mercado autorregulado y el Estado gendarme, custodio de la propiedad privada.

Para que funcionara el mercado de manera eficiente, se hacía imprescindible garantizar la estabilidad monetaria y la capacidad de ahorro de los ciudadanos eliminado la inflación, fuente de desestabilización de la economía, a través de severos planes de ajuste, liberación de precios, devaluación del peso y reducción salarial (los salarios bajaron un 40% comparados con el quinquenio anterior). Grandes industrias cerraron sus plantas: General Motors, Peugeot, Citroen y Chrysler, Siam, Decca (Deutz-La Cantábrica), Aceros Ohler, Tamet, Cura, Olivetti al igual que muchas otras pequeñas y medianas empresas. Hacia 1980 la producción industrial redujo un 10% su aporte al PBI y el desempleo alcanzo el 2% a fines de 1970 y comienzos de 1980.

La aplicación de este plan sólo era posible a través de la disolución de la Confederación General del Trabajo, la supresión de las actividades gremiales y del derecho de huelga, la reforma de la Ley de Contrato de Trabajo y eliminación de las convenciones colectivas. Los delegados de distintas empresas -sobre todo industriales- fueron detenidos o secuestrados con el objetivo de vaciar de cuadros dirigentes a las organizaciones obreras.

Así, el neoliberalismo comenzaba a instalarse en Argentina. El saldo de esta política, a nivel económico, se tradujo en una desarticulación profunda del Estado, concentración de empresas y capitales, pérdida del salario real de los trabajadores transferidos al sector empresario, inicio del proceso de desindustrialización dando paso al modelo financiero y con él a altas tasas de desocupación, modificación de la distribución del ingreso -mientras decrecía para los sectores más pobres, aumentaba considerablemente para los sectores más ricos-; incremento excesivo del endeudamiento externo, contraído -en muchos casos- por privados con garantía del Estado, ante el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. Apenas asumió la presidencia Jorge Videla, el Fondo Monetario Internacional aprobó un crédito de 127 millones de dólares que, poco tiempo atrás, le había negado al gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón. Así daban apoyo al golpe de Estado y sellaban el primero de muchos acuerdos.

Se llevó a cabo un trasvasamiento de dinero destinado a inversiones en  servicios públicos –salud, educación, vivienda, etc.- hacia las áreas de Defensa y Seguridad. Para dar cumplimiento a un proyecto antipopular, era indispensable contar con un aparato de inteligencia y represión bien pertrechado.

A comienzos de 1981, Videla fue reemplazado Roberto Viola en la presidencia y Martínez de Hoz por Lorenzo Sigaut en el Ministerio de Economía. No se trató sólo de un cambio de hombres, sino que se inició un contacto entre el gobierno y la sociedad a través de diálogos mantenidos con distintos sectores, incluso el político. La Unión Cívica Radical, el Justicialismo, la Democracia Cristiana, el Movimiento de Integración y Desarrollo y el Partido Intransigente decidieron conformar la Multipartidaria, organización que bregaría por el retorno a la democracia.

La política económica comenzó a desatar, a partir de 1981, la reacción de los sectores más perjudicados debido al serio retroceso de la actividad industrial destinada al mercado interno. El plan necesitó de ajustes: devaluación y cierre parcial de la economía. Pero lo que más complicó la política económica, fue el viraje del contexto internacional por los nuevos lineamientos económicos impulsados por los EE.UU., que provocaron una fuerte alza en las tasas de interés, alterando radicalmente los mercados financieros mundiales, pues el crédito mundial se volvió caro y escaso. Esto trajo una estrangulación de la economía y se temía una posible cesación de pagos, lo que trajo desconfianza y agravó la situación.

En marzo de 1980, cerraron sus puertas tres bancos que dejaron en bancarrota a los ahorristas y produjeron desconfianza en los bancos locales y más fugas de dinero.

Pronto, se hicieron sentir las presiones del sector financiero y el presidente Viola, junto a su gabinete debieron renunciar, dando paso al general Galtieri como presidente y a Roberto Alemann como Ministro de Economía, retomando la política económica de Martínez de Hoz.

En 1982, el presidente del Banco Central Domingo Felipe Cavallo, estatizó la deuda contraída por empresarios privados. En aquel entonces, 28 grupos económicos locales y 102 empresas transnacionales concentraban el 64% de la deuda externa privada. De modo tal que, la deuda externa argentina que a mediados de la década de 1970 no superaba los 8.000 millones de dólares, en 1983 ascendió a los 45.000 millones de dólares.

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Una de las consecuencias más importantes de la política económica del período fue la concentración de capitales en manos de sectores reducidos de la población. Fueron esos sectores los que vieron con buenos ojos la instalación del Proceso de Reorganización Nacional. Algunos de esos sectores conmemoraban su llegada a través de la publicación de solicitadas en los periódicos. Los invitamos a leer una de ellas.