El Presidente de la Nación ha convocado a la sociedad entera a participar de la consulta sobre la educación argentina del presente y el futuro. El Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, de cuya responsabilidad depende casi la mitad del sistema educativo nacional, nos ha encomendado que dicha consulta se realice con la mayor amplitud posible, garantizando la democracia en las formas de participación, la inclusión de todos los actores y la transparencia en el análisis científico de las opiniones que se emitan. Nos ha encomendado que trabajemos para alcanzar acuerdos, articular las posiciones que, aunque distintas, se desplieguen en un campo democrático de ideas e incluyan a la mayor cantidad de sujetos que intervienen en la determinación de la educación. Es nuestro objetivo que la Provincia de Buenos Aires participe de la discusión nacional como una entidad político-social capaz de acordar en su seno grandes líneas educacionales coyunturales y prospectivas que surjan de su propia realidad, pero que aporten al proyecto nacional de educación que constituirá la nueva Ley.

El llamado a la discusión de las bases para su elaboración es un hecho histórico que pone fin al tiempo político de la educación neoliberal y abre posibilidades para la superación de los principales problemas causados por las reformas que se impusieron en la década iniciada en 1990. Esas reformas calaron profundamente en la educación argentina, pues sus efectos lograron desestructurar el sistema escolar que reconoce su origen en los protosistemas configurados por los caudillos más modernos de la primera mitad del siglo XIX, como Artigas, Estanislao López, Bustos, Dorrego y Urquiza, y fue organizado por los gobiernos constitucionales a partir de la sanción de la Carta Magna de 1853. La fundación de los Colegios Nacionales desde 1865, de la Escuela Normal de Paraná, en 1870, la Ley 1420 de 1884, los Decretos regulatorios de la educación secundaria y la Ley Avellaneda de 1885, la creación del Otto Krause, fueron la estructura legal e institucional sobre la cual giró la educación argentina durante más de un siglo. Ese conjunto, sin embargo, no muestra la centralización burocrática que fue tomando el aparato educativo si no se incluye en el listado a la Ley Láinez de 1905, que legitimó la intervención del Gobierno Nacional en las provincias, para sustituir las graves insuficiencias de las gestiones jurisdiccionales con una política unitaria, avasallante de las demandas federalistas. La insuficiencia, la deliberada carencia o el derrocamiento de las políticas destinadas a lograr equidad en el desarrollo político, económico y social de las distintas regiones del país, fomentó la desigualdad regional de la calidad de educación pública proporcionada por los gobiernos provinciales, y las escuelas provenientes de aquella Ley formaron un sistema educativo paralelo, pero que no logró sustituir la labor modernizadora de la cultura que debían cumplir los gobiernos provinciales.

La Provincia de Buenos Aires sostuvo un sistema escolar propio, desde la sanción de la Constitución de 1873 y de la Ley de Educación Común en 1875, con el Reglamento Escolar de 1876, aprobado durante el mandato de Domingo F. Sarmiento en la Dirección General de escuelas. Esa legislación fue ampliamente democrática, ya que confió la conducción del sistema educativo a órganos colegiados e instituyó Consejos Escolares en los distritos, con designación de los consejeros por elección directa.
Años más tarde se sucedieron reformas conservadoras, como la del gobierno de Marcelino Ugarte (1902-1906) que reducía la escolarización obligatoria a sólo cuatro años, políticas de la década del ´30 con la nueva Constitución provincial de 1934, y nacionalistas populares, como la del gobierno de Domingo Mercante (1946-1951) durante el primer gobierno peronista. Casi todas ellas incidieron en el rumbo de la educación nacional, más allá de las fronteras provinciales. Fueron medidas que se inscribieron de maneras distintas en la filosofía y los objetivos de la educación, y que los relacionaron con el rumbo que los gobiernos dieron al sistema productivo y a las instituciones sociales, pero no alteraron la estructura heredada por la escolaridad provincial, ni la desconectaron de la educación nacional. En la Provincia de Buenos Aires las escuelas Láinez tuvieron una importancia menor. Pero, hasta mediados del Siglo XX, subsistió hacia su interior una lógica semejante a la que identificó el sistema educativo del conjunto del país: la falta de protagonismo de las localidades, de las ciudades y pueblos del interior que, salvo notables excepciones, se limitaron a aplicar la política educativa del gobierno central.

La reforma educativa que se realizó en la década de 1990 se apoyó en los déficits reales del viejo sistema escolar argentino, pero eligió resolver los problemas bajo los signos del neoliberalismo (desmonte del Estado de Bienestar y de las instituciones públicas). El sistema fue desestructurado y desfinanciado, en lugar de diseñarse y acordarse bases de un federalismo educativo que tuviera la lógica de la unidad nacional y no del tradicional unitarismo. A la descentralización desestructurante se sumó la extensión de la educación primaria o básica, la restricción a ese nivel de la obligatoriedad escolar y el acortamiento de la educación secundaria a tres años, así como la exclusión de la educación de los adultos, las personas con capacidades especiales, la educación física, artística y técnica del tronco central del sistema educativo.
La crítica a la reforma de los años 90´ ha sido suficientemente desplegada por los docentes y por el conjunto de la comunidad educativa, de modo que es hora de dejar para los historiadores el relato de los acontecimientos y la evaluación detallada de sus efectos, difíciles de separar de aquellos provenientes de la crisis económico- social que nos azotó a finales del Siglo XX y comienzos del XXI. Hoy tenemos ante nosotros el reto de abandonar la actitud melancólica que se reduce a la crítica para abordar los problemas, profundos, inmediatos, de fácil y de difícil solución, que se han ido sumando desde muchas décadas atrás. Cuatro millones y medio de alumnos, doscientos treinta mil docentes, sesenta mil empleados de la administración y los servicios técnicos y profesionales, y una enorme población familiar y comunitaria esperan que la Provincia aporte a la nueva Ley de Educación Nacional no solamente las demandas de ese enorme conjunto humano, sino propuestas de solución con la generosidad que requiere una perspectiva nacional.

Argumentar una política educativa es obligación del Gobierno y de los cuadros directivos del sistema educativo. Poner la educación a discusión de la comunidad educativa y del pueblo de la Provincia y recuperar e incorporar sus propuestas es el mandato democrático que el Gobierno cumplirá. La política educativa gubernamental debe interpretar muchas y diversas demandas sectoriales y articular los elementos referidos al bien común que ellas contengan para construir una política de Estado. Esa es probablemente la labor más difícil que se presenta en la Consulta que hoy se abre.
El proceso mismo de la Consulta debe ser profundamente pedagógico para que su resultado fortalezca la trama socio- educativa, potencie las instituciones y, por sobre todas las cosas, dé cabida plena, en espacios, calidad educativa y posibilidades de tránsito exitoso por todo el sistema a los sectores que fueron excluidos, marginados, insuficientemente atendidos. Para cumplir con los preceptos constitucionales. Para cumplir con los convenios internacionales que contiene nuestra Carta Magna. Para que ningún bonaerense quede excluido de los lenguajes, las tecnologías, los conocimientos científicos y filosóficos del siglo XXI. Ni de los valores democráticos y humanísticos que hoy vemos nuevamente posible sostener en el horizonte, aunque alcanzarlos requiera de la voluntad política, de la convicción y del esfuerzo de varias generaciones.

Por eso proponemos:
a. Pensar desde la Provincia en la Nación, la Provincia articulada a la Nación, el sistema educativo provincial como parte integrante de un solo sistema educativo nacional. Imaginar un federalismo educativo que dé relevancia a la identidad local, municipal, regional, sin perder los lazos que unen la parte con el todo, porque necesitamos sumarnos, aumentar la masa crítica de aprendizajes, enseñanzas y conocimientos. Elaborar vínculos legítimos, legales y fluidos de los procesos educativos que transcurren en las distintas jurisdicciones, en nuestro caso, especialmente:
- tener en cuenta al Área Metropolitana como una zona de confluencia y articulación de políticas educativas con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
- asumir la realidad de una población migrante, portadora de las culturas de casi todas las provincias argentinas y de los países vecinos, que deben significar dentro de nuestras aulas lazos de interculturalidad con lenguas y costumbres diversas, animar acerca de la riqueza que significa la complejidad y diversidad de nuestra población educacional, antes que rechazarla en pos de una uniformidad irreal y excluyente.
- atender las nuevas necesidades que presentan los chicos y jóvenes que viven transitoriamente en la Provincia de Buenos Aires, o emigran a otras jurisdicciones periódicamente motivados por las características temporales y precarias del empleo propio o de sus familiares.
- disponer la articulación de todas las leyes vinculadas para asegurar una integración normativa real e impedir circuitos paralelos o antagónicos. Las leyes de Educación Técnica y Enseñanza Profesional, la de Financiamiento Educativo, la de Educación Superior y todas aquellas que intervienen en los procesos globales de la Educación, deben tener espacios concretos de vínculo con lo planteado en la próxima Ley de Educación Nacional.

b. Pensar en el presente en línea con el futuro. Educar requiere siempre, en cualquier circunstancia, darle crédito al futuro. Pronosticar solamente oscuridades e imposibilidades produce la anulación de todo proceso pedagógico y el fracaso de cualquier política educativa. Somos los que estamos y no tenemos la posibilidad de acudir a una población idealizada; esta reforma interpela a los actores reales, a todos nosotros. Necesitamos restablecer la confianza entre quienes coincidimos en la democracia, en la constitucionalidad, en los derechos humanos, en la justicia social, en la necesidad del cuidado del medio ambiente, en la soberanía política y la independencia económica regional, alcanzable en la era de la globalización.

c. Sostenemos que la educación constituye un derecho social y debe darse prioridad a los acuerdos que rechacen las acciones que pugnan por transformarla en un elemento del Mercado. La educación debe ser un bien social: todos los bonaerenses, como todos los argentinos, como todos los seres humanos, son sujetos plenos del aprendizaje y de la enseñanza: todos tienen capacidad para aprender y transmitir la cultura. Son las instituciones -la escuela, la familia, la comunidad- quienes deben adecuar sus estrategias para integrar a los excluidos, para garantizar el ingreso, permanencia y graduación en todos los niveles, ciclos y modalidades del sistema educativo, de acuerdo a las posibilidades y necesidades de cada uno.

d. Al abordar estos problemas debemos tener en cuenta que
- en nuestra Provincia el analfabetismo, el analfabetismo funcional y el analfabetismo tecnológico constituyen preocupaciones prioritarias
- la tendencia más fuerte de la población escolar de los sectores populares de la Provincia de Buenos Aires es el ausentismo prolongado o esporádico, vinculado a causas sociales, antes que la completa deserción, así como formas diversas de desconexión con el aprendizaje, dentro y fuera del aula, que desembocan en el fracaso escolar y en muchos casos en el abandono. Pero debe tenerse en cuenta también la tendencia al reingreso o las tentativas de reingreso, a modalidades -como la de adultos y formación profesional- que ofrecen formas de organización académica más flexibles.

e. Consideramos que la responsabilidad principal de la educación es del Estado, como lo marcó la legislación argentina desde las leyes fundadoras del sistema. Pero también porque no existe ningún sujeto o institución social que posea los recursos institucionales, económicos y la capacidad de síntesis cultural necesarios para garantizar la educación articulada de millones de niños, adolescentes, jóvenes y adultos en una sociedad plural. Aquella responsabilidad principal no debe contradecir la libertad de enseñanza que está grabada en la Constitución Nacional y las articulaciones entre ambos términos merecen ser consideradas con toda responsabilidad y pleno respeto por las opiniones y demandas de las familias y los sectores particulares de la comunidad dispuestos a sostener el carácter de bien social de la educación.

f. Dos términos han sido excluidos históricamente del discurso escolar argentino: los adolescentes y el trabajo. La imposibilidad político educativa y pedagógica para imaginar positivamente la adolescencia y estimar el valor pedagógico y ético del trabajo produjeron efectos lamentables en la educación argentina.
- La nueva Ley debe dar lugar a ambos términos, no agregándolos en párrafos anexos sino incluyéndolos como significantes fundamentales de la matriz educativa.
- La enseñanza secundaria, cuya obligatoriedad y universalidad quisiéramos ver consagradas legalmente, debe capacitar al mismo tiempo para el ingreso a la educación superior y al mundo productivo. Se trata de un esfuerzo de enseñanza y de aprendizaje que responde a las complejas interpelaciones de la sociedad que vivimos.
- La Educación Secundaria Básica debe atender especialmente la problemática del pasaje de la infancia a la adolescencia, dando lugar a las culturas juveniles contemporáneas, los nuevos lenguajes, las estéticas de la época, los procesos actuales de la comunicación. La Educación Secundaria Superior, sin abandonar la orientación anteriormente mencionada, recibe adolescentes y debe entregar a la sociedad ciudadanos con saberes socialmente productivos. En ese ciclo, el aprendizaje de capacidades complejas, requiere de nuevas soluciones pedagógicas.
- La Ley de Educación Técnica y Enseñanza Profesional debe articularse a la nueva Ley de Educación Nacional, evitando que existan circuitos de distinta calificación social destinados a sectores sociales diferentes
- Los medios de comunicación no constituyen un elemento anexo, más o ajeno al sistema escolar, sino que se conforman como sujetos educadores de máxima importancia, que deben penetrar las instituciones educativas, así como éstas deben apropiarse de las nuevas tecnologías. La interioridad que debe tener esa relación requiere que la nueva Ley aborde la educación en el conjunto de procesos sociales que la expresan y no solamente en el sistema escolar.

Por último, creo que es necesario cerrar estas breves líneas reiterando la confianza que me asiste al pensar en quiénes son las personas que van a protagonizar esta consulta. La consulta puede ser una herramienta democrática que nos permita cambiar, desde los consensos de las mayorías, el rumbo de la educación argentina. Pero esto sólo será posible si la asumimos como una oportunidad para el debate, como la posibilidad de una intervención soberana sobre nuestro presente y sobre el futuro de nuestra Nación.

Adriana Puiggrós
Directora General de Cultura y Educación
Provincia de Buenos Aires