El Proceso

El 24 de marzo de 1976 Isabel Perón fue detenida y reemplazada por una Junta constituida por los tres comandantes de las Fuerzas Armadas, quienes se hicieron ilegalmente cargo del gobierno. Como en los anteriores golpes de Estado, grandes sectores de la sociedad -dirigentes de los partidos políticos, periodistas, sacerdotes, empresarios, sociedad rural-  veían en él la única vía de escape al caos que reinaba en el país.

Autodenominaron al régimen Proceso de Reorganización Nacional y fijaron como propósitos y objetivos básicos desempeñarse con sentido de moralidad, idoneidad y eficiencia para erradicar la subversión y promover el desarrollo económico a fin de asegurar la posterior instauración de la democracia en el país.

Las primeras medidas fueron el cierre del Congreso Nacional, prohibición de toda actividad política y sindical, establecimiento de la pena de muerte, censura hacia los medios de comunicación, separación de civiles de sus puestos en organismos del Estado reemplazándolos por uniformados. Muchos civiles se transformaron en colaboradores del régimen; ocuparon la Corte Suprema de Justicia, las intendencias; conocidos periodistas e intelectuales escribieron y organizaron discursos en defensa del nuevo régimen.

Mientras esta política se ponía en marcha, el designado Ministro José A. Martínez de Hoz anunció un plan económico destinado a modificar la estructura económica del país: desindustrializándolo y retornándolo al esquema agro-exportador.

Para el establecimiento de ese modelo económico se hizo necesario el control del aparato del Estado, imponiendo la dominación sobre sectores políticos y sociales opositores a él. El Estado adoptó la forma de una imparable máquina represiva siguiendo los lineamientos ideológicos de la Doctrina de la Seguridad Nacional y para defender los valores “occidentales y cristianos” contra las ideas extranjerizantes y subversivas.

La lucha se dio en todos los campos: medios de comunicación, cultura, organizaciones políticas, gremiales, estudiantiles. La labor represiva se encuadró en un plan sistemático aprobado por las más altas autoridades militares y ejecutado por organismos del Estado y agrupaciones paramilitares que se subordinaron a su autoridad.El terrorismo de Estado, no se limitó solo a la Argentina sino que formó parte del llamado Plan Cóndor, que se puso en práctica conjuntamente con los gobiernos dictatoriales de Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil.

Las asociaciones defensoras de los derechos humanos, iniciaron un camino de reclamos ante organismos gubernamentales y no gubernamentales buscando que sus preguntas fueran satisfechas. Pero, la incertidumbre de las familias continuó.

Hacia 1978, la guerrilla estaba aniquilada y el gobierno se embarcaba en la organización del Mundial de Fútbol. El campeonato deportivo se transformó en una “cuestión de Estado” y su desarrollo coincidió con la más importante escalada de desapariciones del período.

La administración Carter hizo sentir su disconformidad en torno a la violación de los derechos humanos. En 1979, llegó al país una misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, mientras se desarrollaba el Mundial Juvenil de Fútbol y se popularizaba el slogan “los argentinos somos derechos y humanos”. La Comisión recogió denuncias e hizo entrega al gobierno de sus recomendaciones preliminares.

Cuestiones geopolíticas en torno al dominio del Canal del Beagle, colocaron al país ante un posible choque armado con Chile. El cardenal Antonio Samoré, enviado de Juan Pablo II, resolvió pacíficamente la situación.

En 1979, Margareth Tatcher, designada Primer Ministro de Gran Bretaña, inició un plan que proponía que el orden económico-social debía ser establecido por el mercado espontáneo de planificación de la economía; para ello, privatizó áreas claves de la economía con el consiguiente aumento de la desocupación y el abandono de programas sociales destinados a las clases menos favorecidas. Ronald Reagan, llegado a la presidencia de Estados Unidos en 1981, aplicó medidas similares e intensificó el conflicto Este-Oeste como consecuencia de un mayor desarrollo del armamentismo.

Los países latinoamericanos se vieron obligados a realizar controles inflacionarios, devaluaciones monetarias. En ese marco, se produjo en Argentina la liquidación del Banco de Intercambio Regional, a la que siguieron la quiebra de grupos industriales y otras entidades financieras. El gobierno aumentó el endeudamiento externo a efectos de paliar la crisis del sector privado.

A comienzos de 1981, Videla fue reemplazado por Roberto Viola y Martínez de Hoz por Lorenzo Sigaut. Se inició un contacto entre el gobierno y la sociedad a través de diálogos mantenidos con distintos sectores, incluso el político. La U.C.R., el justicialismo, la democracia cristiana, el Movimiento de Integración y Desarrollo y el Partido Intransigente decidieron conformar la Multipartidaria, organización que bregaría por el retorno a la democracia.

A partir de 1981, la política económica desató la reacción de los sectores más perjudicados debido al serio retroceso de la actividad industrial destinada al mercado interno. El plan necesitó de ajustes: devaluación, cierre parcial de la economía. Se hicieron sentir las presiones del sector financiero y Viola y su gabinete debieron renunciar dando paso al General Galtieri como presidente de facto y a Roberto Alemann como Ministro de Economía, quien retomó la política económica de Martínez de Hoz.

El movimiento obrero había quedado prácticamente desactivado: dirigentes muertos y encarcelados, prohibición a los sindicatos de funcionar. Se incrementó la deuda social interna y el descontento social fue en aumento hasta desembocar en el paro nacional y movilización del 30/3/1982 que fue reprimido por el gobierno.

Las buenas relaciones con Estados Unidos -merced al alineamiento político, Doctrina de la Seguridad Nacional mediante- llevaron a Galtieri a evaluar un apoyo de Reagan a su plan de recuperación de las Islas Malvinas. El 2/4/1982, muchos se reunieron en Plaza de Mayo para vivar a Galtieri por su decisión de hacer valer los derechos soberanos sobre las islas. Tras desiguales combates y la visita de Juan Pablo II, la guerra concluyó con un saldo importante de soldados muertos, desaparecidos y heridos. La aventura de Malvinas puso fin a la presidencia de Galtieri.

Tras la asunción del general Bignone se apresuró a anunciar la apertura política y la convocatoria a elecciones. Los partidos políticos preparaban sus campañas y eligieron las fórmulas que iban a confrontar en las elecciones del 30/10/1983. El 10/12/1983 Raúl Alfonsín asumió la presidencia del país en un clima de alegría popular.

Los periódicos de la época fueron utilizados por los integrantes del gobierno y sus colaboradores para poner en conocimiento de la sociedad sus concepciones y proyecto.  Lo invitamos a leer algunos artículos aparecidos en el diario La Opinión en el curso de 1976.