Apertura Económica

A partir del 29 de marzo de 1976, los destinos económicos de la Argentina fueron dirigidos por el ministro de economía José Alfredo Martínez de Hoz.

En su discurso de asunción, el Ministro sostuvo que le tocaba asumir esa responsabilidad en “quizá la peor” de todas las crisis de la historia económica argentina y concluía que “la economía argentina no tiene ningún mal básico irreparable”.
                    
Los integrantes del gobierno de facto, proyectaban producir una profunda transformación en las relaciones sociales, políticas y económicas del país. Para ello, sería necesario implementar mecanismos de disciplinamiento social utilizando los mecanismos del terrorismo de Estado. Así, el neoliberalismo inició su instalación en Argentina, acorde a los tiempos que imponía el capitalismo a nivel mundial.

Los pilares de la economía de “El Proceso” fueron:

a) Reforma del Estado que lo orientara hacia sus funciones propiamente dichas, ya que los dirigentes económicos consideraban que, hasta el momento, se había desempeñado como un Estado empresario, regulando las actividades económicas, arbitrando las relaciones laborales, favoreciendo al sector empresarial mediante aranceles preferenciales y subsidios. A pesar de que la conducción declamaba la no intervención, hubo un fuerte accionar para contener el proceso inflacionario y para la liberalización de los mercados de capitales. Se produjeron racionalizaciones importantes de personal; es decir, despidos de empleados públicos.

b) Apertura de la economía: libre concurrencia a los mercados sin más requisito que la aceptación, también libre, que el consumidor debía hacer de los productos en oferta. Eliminación de barreras arancelarias en relación al mercado internacional.
La política comercial siguió una tendencia a la apertura, porque se entendía que las exportaciones proveerían de las divisas necesarias para acelerar el crecimiento económico, ya que permitirían pagar la importación de capitales necesarios para el desarrollo industrial y, además, a través de las importaciones de productos extranjeros se esperaba que, al competir con los de origen nacional, establecieran –de alguna manera- restricciones a la expansión de los precios.

Se fomentaron las exportaciones de los productos agropecuarios y de algunos productos industriales. En relación a las materias primas, Martínez de Hoz las consideraba como “el mayor proveedor de nuestros sectores exportables” y por ello, se tomaron medidas para mejorar el nivel de ingresos de la actividad rural, eliminando las retenciones a esas exportaciones. Algo similar ocurrió con la exportación de algunos productos industriales.

La apertura indiscriminada de las importaciones. Llegaban del exterior todo tipo de productos comprados a precios de “dumping”, es decir, a precios inferiores de su valor. Esto produjo el desmantelamiento de la industria nacional y la desaparición de miles de puestos de trabajo, debido a la imposibilidad de las industrias locales de producir a los valores que tenían los productos de importación, sin barrera arancelaria y con costos de producción muchísimo menores.

c) Garantizar la estabilidad monetaria y eliminar la inflación, fuente de desestabilización de la economía, a través de severos planes de ajuste, liberación de precios, devaluación del peso y congelamiento salarial. Se intentó aminorar la tasa de inflación, pero sin imponer precios rígidos. Se optó por eliminar todas las normas referentes a precios máximos y controles vigentes hasta ese momento. También se congelaron los salarios por tres meses  -lo que provocó una caída abrupta del salario real-, se aumentaron las tarifas de los servicios públicos con la finalidad de mejorar la situación financiera de las empresas públicas, pero se empeoraba la vida de los trabajadores. 
La “Ley de entidades financieras” liberó el mercado de dinero y proveyó de garantía estatal a los depósitos a plazo fijo; esto significaba que cuando una entidad financiera quebraba, el Estado le devolvía “su dinero”. Esto produjo una ola especulativa de la que se benefició el empresariado pero también, la clase media se subió a esa ola. Invirtió sus pequeños ahorros e hizo crecer su dinero a partir de las altas tasas de interés que se pagaban.

d) Desindustrializar el país, haciéndolo retroceder a la estructura económica agro-exportadora. A mediados de la década del ’70, la estructura industrial se encontraba en la denominada “segunda fase de sustitución de importaciones” (entre 1958-1975) que había generado un importante crecimiento industrial a partir de la incorporación de capitales extranjeros y la instalación y expansión en el país de empresas transnacionales ya instaladas. Las actividades más dinámicas fueron la química, petroquímica y metalmecánica. El crecimiento de la actividad no produjo un gran incremento en los niveles de producción ni tampoco en los salarios de los trabajadores.

En esta etapa, se propició la concentración industrial. Un pequeño número de empresas grandes elaboraba productos que abarcaban diferentes áreas de la producción. Además, las empresas extranjeras aumentaron su incidencia en el valor de producción y de la ocupación industrial. Mientras un grupo pequeño incrementaba sus ingresos, la mayoría de los empresarios disminuían las  jornadas de trabajo, adeudaban salarios y cerraban las industrias.

El saldo de esta política económica se tradujo en una desarticulación profunda del Estado; concentración de empresas y capitales; pérdida del salario real de los trabajadores transferidos al sector empresario; inicio del proceso de desindustrialización dando paso al modelo financiero y con él a la desocupación; modificación de la distribución del ingreso, mientras decrecía para los sectores más pobres, aumentaba considerablemente para los sectores más ricos. Además, hubo un incremento de la deuda externa, contraída -en muchos casos- por privados con garantía del Estado, ante el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo.

El proyecto económico de “El Proceso” fue antipopular y regresivo, favoreció los intereses de los grandes empresarios en detrimento de los sectores trabajadores. Evidentemente, ese proyecto no podía implementarse sin una dura represión que acallara y enterrara los reclamos de los trabajadores.