Disciplinamiento Laboral

Para desindustrializar el país, haciéndolo retroceder a la estructura económica agro-exportadora que tuvo desde fines del siglo XIX y hasta mediados del siglo XX, los militares y sus colaboradores civiles sabían que debían enfrentar la resistencia de la clase obrera, que no iba a permitir que se conculcaran los derechos laborales obtenidos luego de tantas décadas de lucha. Por eso, optaron por la penalización de la defensa de esos derechos y también por el aniquilamiento de las personas que los defendían.

En 1976, la Ley de Contrato de Trabajo fue derogada y reemplazada por la Ley 21400/76, que obligaba a los trabajadores a abandonar las medidas de acción directa mientras estuviera en vigencia el Estado de sitio. De no cesar en su actitud y continuar con la huelga, esos trabajadores serían acusados de alterar el orden público y serían pasibles de sanciones cuyas penas oscilaban de uno a seis años de prisión. La huelga había dejado de ser un derecho para transformarse en un delito sujeto a sanciones penales.

Para evitar los reclamos de los trabajadores se desmantelaron sus estructuras gremiales determinando la suspensión de ese tipo de actividades por tiempo indeterminado; se intervinieron la Confederación General del Trabajo y Confederación General Económica, así como también las 62 Organizaciones y sindicatos; se dejaron de reconocer los fueros sindicales; se intervinieron las obras sociales y se estableció la llamada "Ley de prescindibilidad", por la cual se estableció un régimen de despidos sin causa —como indemnización los trabajadores recibían sólo un mes de salario— para los empleados de la administración nacional, empresas estatales y otros organismos del Estado. La finalidad de la Ley de prescindibilidad era separar de su empleo y de la relación con sus compañeros a todos aquellos empleados considerados activistas vinculados con la subversión.

Se reformó el Código Penal acentuando las penas por delitos políticos. También se introdujeron nuevas figuras delictivas como secuestro extorsivo, terrorismo.

A través de un comunicado, el 25 de marzo de 1976 el gobierno de facto expresó que: "[...] será severamente reprimida toda manifestación callejera; [...] todas las fuentes de producción y lugares de trabajo estatales y privados, a partir de la fecha serán considerados de interés militar". El mismo comunicado establecía que se expulsaría del territorio nacional a extranjeros que afectaran la paz social. En palabras del entonces gobernador de facto de Córdoba, general Ibérico Saint Jean, el gobierno usurpador pretendía: "Primero vamos a matar a todos los subversivos, después a sus colaboradores; después a los indiferentes y por último a los tímidos".

Los mismos que establecieron todas estas disposiciones legales no las cumplieron y, para concretar sus objetivos -es decir, perseguir y aniquilar a la clase obrera y sus organizaciones- optaron por los métodos del terrorismo de Estado, secuestrando, torturando, matando, forzando al exilio; estas actividades estuvieron en el marco de un plan sistemático de exterminio.

Hubo una estrechísima relación entre el poder económico —representado por el empresariado nativo y extranjero— y el gobierno de facto. Los empresarios elaboraban “listas negras” con los datos de los empleados considerados revoltosos, para pasárselas a las fuerzas represivas y que éstas actuaran en consecuencia. Cuando un trabajador era despedido, no volvía a conseguir trabajo en relación de dependencia porque sus datos y su caracterización de “activista” ya había circulado por todas las posibles empresas contratantes. De ese modo, se colocaba al trabajador en una situación extrema en la que tenía que ocuparse de resolver sus propios problemas de existencia sin mirar lo que les sucedía a los demás. Era un modo de desarticular y aislar a los trabajadores.

Cuando se producía alguna tensión entre el empresariado y los trabajadores, ya sea porque reclamaban salarios adeudados, mejoras en las condiciones laborales, etc. el empresariado recurría a la ayuda de las fuerzas represivas solicitando que se hicieran presentes en el lugar de trabajo para resolver el problema. Así, camiones del ejército se instalaban en los portones de las fábricas o incluso, los soldados y sus superiores se paseaban por su interior tratando de poner bien a la vista sus armas. Así, muchas veces el empresariado disuadió las protestas.

Otras veces, los obreros fueron secuestrados directamente del interior de la fábrica. Tal es el caso del obrero de la fábrica Ford de General Pacheco, Juan Carlos Conti, que era delegado de personal del sindicato de Mecánicos (SMATA) y trabajaba en la Ford desde el año 1965. El 14 de abril de 1976 se produjo su secuestro por parte de personal del Ejército. Fue retirado con conocimiento de los empleadores en una camioneta de la empresa con las manos atadas con alambres. Casi como una burla, Conti fue despedido con causa por “abandono de tareas”. 

En el departamento de Ledesma, provincia de Jujuy, la noche del 27 de julio de 1976 se produjo un gran apagón. Policías, gendarmes, militares y capataces de la empresa se escabulleron en la oscuridad y comenzaron a allanar y saquear viviendas en los pueblos de Libertador General San Martín y Calilegua. Esa jornada se conoció como “la noche del apagón”. En camionetas de la empresa Ledesma trasladaron a galpones de mantenimiento del ingenio azucarero a más de 400 trabajadores, estudiantes y profesionales. Allí, los mantuvieron durante mucho tiempo atados y encapuchados para luego liberar algunos, encarcelar a otros en comisarías, cárceles de distintas provincias y desaparecer a treinta personas, entre ellos el Dr. Luis Arédez, por entonces Intendente de Ledesma.

A pesar de la violencia psicológica y física, el movimiento obrero argentino opuso resistencia a la dictadura militar ya sea, realizando huelgas por sectores como la de Luz y Fuerza, durante la cual fue secuestrado y desaparecido el Secretario General del gremio, Oscar Smith; de ferroviarios, mecánicos, portuarios; todas reprimidas brutalmente. Como la Confederación General del Trabajo estaba disuelta, los trabajadores se organizaron en diversos grupos: la Comisión de los 25, la Comisión de Gestión y Trabajo, la Comisión de los 20, entre otros. En 1979, se llevó adelante la primera huelga general, decretada por la Comisión de los 25; en 1981, hubo otro paro general con movilización hacia la iglesia de San Cayetano; el 30 de marzo de 1982 hubo otra movilización de trabajadores a Plaza de Mayo.

En los últimos años, a instancias de familiares de desaparecidos y de organismos de derechos humanos, se han sometido a juicio muchos casos de despidos, exoneraciones, desapariciones de trabajadores acontecidos durante la dictadura cívico militar. La Dirección General de Cultura y Educación, a través del proyecto “Restitución de la verdad histórica” (Resolución Nº 1308/08) brinda la posibilidad de que los trabajadores o sus familiares -que se hayan desempeñado en este organismo durante la dictadura- que deseen proceder al cambio de causal de cese en los legajos de personal, puedan hacerlo comunicándose con la Dirección Provincial de Recursos Humanos al 0221-4821733 o por correo electrónico a la casilla recursos_humanos@ed.gba.gov.ar.

También, la empresa Siderca del grupo Techint, fue condenada a pagar una indemnización a la viuda de un empleado desaparecido. Lo invitamos a conocer el caso.