|
||||
|
| Inicio |  |
Plan Condor | |
Estados Unidos | |
Centroamérica | |
Sudamérica | Sitio Especial 24 de Marzo |
|---|
Sudamérica
Estas dictaduras fueron el resultado de la decisión de las FF.AA. -apoyadas por civiles- de tomar por asalto los resortes del Estado, reemplazando a los gobernantes civiles y presentándose como el único camino para la recuperación de la democracia. La zaga de dictaduras latinoamericanas se inició con la brasileña, cuando en 1964 derrocaron a Joao Goulart; ésta se extendió por veintiún años hasta 1985. Luego, se produjo la autodenominada Revolución Argentina que duró desde 1966 a 1973. En la década del ´70, se sucedieron golpes de Estado en Chile (1973-1990), Uruguay (1973-1984), Argentina (1976-1983) y Bolivia (1980-1982). Los gobiernos de facto tenían como finalidad la restauración del orden económico conservador, destruyendo la estructura sustitutiva de importaciones. La puesta en marcha de la política económica del período generó una imbricación entre gobernantes militares y técnicos civiles para la toma de decisiones. En los primeros años de la década del ‘80, entre las importaciones latinoamericanas se encontraba todo tipo de producciones, incluso figuraban muchos artículos que eran, más que complementarios, En vigencia de los gobiernos dictatoriales, las relaciones laborales estuvieron seriamente conmocionadas debido a la dura represión hacia los trabajadores ejercida desde el Estado con la connivencia de los sectores patronales. Así se logró la desarticulación de las organizaciones gremiales, desaparecieron los mecanismos de negociación colectiva pudiendo empresarios y Estado manejar a su antojo los niveles salariales que por cierto, descendieron bruscamente durante todo el período, tanto en el sector público como en el privado. ¿Cómo pudo llevarse adelante este proyecto? A través de la implementación del terrorismo de Estado, utilizando medios como el asesinato, la tortura, la desaparición de personas, el encarcelamiento arbitrario, el exilio, la censura, la militarización de la sociedad, la instauración del terror. En definitiva, los mecanismos pautados por la DSN. La participación de representantes de los EE.UU., impulsando la concreción de estos golpes de Estado, fue comprobada en los últimos años a partir de los documentos que el Departamento de Estado desclasificó y también por declaraciones realizadas por funcionarios estadounidenses. En el caso de Brasil, el historiador Carlos Fico de la Universidad Federal de Río, accedió a documentos que confirman el accionar de la embajada estadounidense y del Departamento de Estado norteamericano en el golpe que derrocó al presidente brasileño Joao Goulart en 1964. Tales documentos consisten en informes enviados por el entonces embajador de los EE. UU. en Brasil, Lincoln Gordon, al consejero de seguridad de la Casa Blanca, cuatro meses antes del golpe, entre otros (Diario Página 12, martes 21 de noviembre de 2006). La viuda de Goulart inició una denuncia contra Washington por otorgar "soporte financiero, logístico y bélico" a los militares que derrocaron a su esposo. Según documentos de la Agencia Central de Inteligencia, el Departamento de Estado y Defensa y el Consejo de Seguridad Nacional estadounidenses y por testimonios de oficiales se conocieron datos de una situación que se suponía: la participación del gobierno y de corporaciones empresariales en el Golpe de Estado de 1973, que derrocó al presidente de Chile, Salvador Allende. Durante el gobierno de Allende, los EE.UU. mantuvieron estrechos contactos con las fuerzas armadas Chilenas, a través de la CIA y de agregados militares con el propósito de ejercer influencia en esos sectores para generar el golpe. Esta acción encubierta fue un elemento clave de la política exterior de los EU.UU. hacia Chile.
Entre las víctimas más conocidas de esta coordinación represiva, se encontraron ex-parlamentarios uruguayos Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, el ex-presidente boliviano Juan José Torres asesinados en 1976 en Buenos Aires. Ese mismo año, explotó el automóvil del chileno Orlando Letellier, ex–canciller del gobierno de Allende- en Washington. En los últimos años, la familia de Goulart impulsó la apertura de una investigación judicial sobre la muerte del ex-presidente en 1976 durante su exilio en Argentina, ante la evidencia de pruebas y testimonios que dan cuenta -según declaraciones del ex agente uruguayo Mario Ronald Barreiro Neira, detenido en una prisión de Porto Alegre- la denominada "Operación Escorpión" en la que se planificó el homicidio de Joao Goulart. El 5 y 6 de abril de 1977, la Dirección de Investigaciones del Paraguay organizó una de tantas sesiones de interrogatorios. Esta sesión duró dos días y participaron de ella cinco capturados. Presenciaron los interrogatorios miembros del Servicio de Inteligencia de la República Uruguay y, en el segundo día se incorporó personal perteneciente a la SIDE (Servicio de Inteligencia del Estado de Argentina).
|
El cono sur del continente americano entre los años ‘70 y ’80 se encontraba plagado de dictaduras militares basadas ideológicamente en la Doctrina de la Seguridad Nacional (DSN). Su función era combatir a los enemigos internos que actuaban dentro de las respectivas fronteras nacionales y favorecer el establecimiento de una economía propicia a los intereses de las grandes corporaciones internacionales y de los grupos económicos locales. 
competitivos de la producción nacional. Es decir, que se produjo un avance en el grado de apertura de la economía. En esta época, se alcanzó una importante retracción del comercio intralatinoamericano; se acumuló una deuda exterior cuyos acreedores eran unos cientos de bancos y los gobiernos hicieron esfuerzos denodados para mantener puntualmente el pago de intereses y devolver el capital principal sin importar el costo social. 
Entre las fuerzas armadas de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay existieron mecanismos de coordinación de la represión. Para ello, los jefes de inteligencia militar diseñaron el llamado Operativo Cóndor en 1975, que consistía en crear un banco de datos unificado -como el de la Interpol en términos criminales- dedicado al combate a la subversión.
