Economía

La Revolución de Mayo creó un nuevo derecho económico como fundamento del régimen social. Por su implantación bregó entre otros, Cornelio Saavedra que, como síndico procurador del Cabildo, produjo un dictamen en 1795 contra la constitución de los gremios, en nombre de la libertad de industria y de trabajo; Manuel Belgrano, el autor de las Memorias que leía anualmente en el Consulado y en las que describía vigorosamente la fisonomía económica del país; Hipólito Vieytes, que dirigió las páginas rebosantes de doctrina y de interés nacional del Semanario de agricultura, industria y comercio. Estos fueron antecedentes y base de la reforma del sistema de comercio exterior e interior, así como también del régimen agrario.

En 1809, forzado ante las dificultades por las que atravesaba la comunicación marítima entre España y sus colonias, el virrey Cisneros había dictado un Reglamento Provisorio de Libre Comercio. Pero este reglamento provisorio imponía limitaciones a los comerciantes extranjeros, los obligaba a utilizar como intermediarios a comerciantes locales registrados. En la práctica, estas limitaciones nunca se cumplieron. Desde entonces, las producciones y los comerciantes locales enfrentaron sin ninguna protección la competencia de las producciones extranjeras y sus comerciantes, fundamentalmente, ingleses. El libre comercio liquidó todas las barreras monopólicas impuestas por los españoles. El puerto inglés de Liverpool reemplazó a Cádiz como metrópoli comercial.

La liberalización del comercio no tuvo el mismo impacto en todo el territorio. Poco a poco se fueron diferenciando tres regiones económicas, según las posibilidades que tenían sus producciones de colocarse en el mercado internacional liderado por Inglaterra: Buenos Aires, el litoral y el interior.

La liberalización del comercio favoreció a Buenos Aires como ciudad y provincia dueña del puerto. Los gobiernos de Buenos Aires eran los que los que fijaban los aranceles que debían pagar los productos que entraban y salían por él. Los aranceles pagados, las rentas de la aduana de Buenos Aires, eran administradas directamente por los gobiernos porteños. Como dueña de la puerta que abría el país al mercado mundial, fijó unos aranceles que beneficiaban a los ganaderos de su campaña. Los ganaderos de Buenos Aires se fueron convirtiendo en los principales exportadores de cuero y tasajo. Los derechos de exportación que debían pagar esos productos se redujeron al mínimo y también se redujeron los de las materias primas indispensables para el procesamiento de la carne.

Las guerras para sostener la revolución destruyeron en pocos años, la producción ganadera del litoral, que había sido la región productiva más importante entre 1750 y 1800. Pero el conflicto entre el Litoral y Buenos Aires no se originaba por cuánto ganado producía cada una, sino por las posibilidades diferentes que cada región tenía para venderlo en el mercado internacional.

Los dirigentes de Buenos Aires exigían un pago adicional a los buques extranjeros que, desde su puerto, remontaban los ríos interiores. Y los productos ganaderos del Litoral debían pagar los aranceles de exportación que exigía la Aduana de Buenos Aires. Las provincias litorales, que tenían costas sobre los ríos Paraná y Uruguay, y también la Banda Oriental, se dispusieron a competir con el puerto de Buenos Aires.

La Primera Junta estableció restricciones al comercio -que ya eran aplicadas por los españoles- así fue como no se bajaron los derechos de importación, factor fundamental para proteger al artesanado de las provincias. Los comerciantes ingleses elevaron un memorial a la Junta marcándole lo excesivo que a sus entender, eran los derechos de aduana que debían abonar.

La Junta dispuso el 26 de octubre de 1810, la constitución de un fondo permanente para auxiliar a la industria minera y otro el 17 de noviembre de ese año, para fomentar la creación de montes. A instancias de Moreno, se mostró preocupación por abrir los puertos de Maldonado y Río Negro en el mes de julio y, el de Ensenada, en octubre para evitar que fuera el de Buenos Aires el único puerto.

Al habilitarse el puerto de Ensenada, Mariano Moreno propuso la colonización de las tierras adyacentes, pero para evitar que se especulara con la tenencia de las tierras cercanas al puerto, fijó límites a los terrenos y estableció que los propietarios que superaran las dimensiones establecidas, estaban obligados a vender a cualquier comprador que lo solicitara. El precio no lo podía fijar el vendedor sino un perito.

El 12 de julio de 1810, en uno de sus escritos, Mariano Moreno expresaba la voluntad del gobierno de no permitir el contrabando: "La Junta ha resuelto curar en su raíz todos estos males; el comerciante honrado no será confundido con el contrabandista; éste será perseguido con igual energía que protegido aquél; y por pronta providencia ha mandado la Junta que la firma de este consignatario no se reciba en la Aduana, no en el Real Consulado, para ninguna consignación ni negocio extranjero, esperando el último resultado del proceso, para hacer entender al comerciante inglés que el violador de las leyes del país no ha de recibir en él la generosa acogida que con tan buena voluntad se dispensa a los honrados comerciantes y vasallos de la nación inglesa".

Desde el alejamiento de Moreno en diciembre de 1810, las medidas que tendían a proteger a las economías locales de la competencia con los productos importados ingleses fueron desapareciendo y los territorios fuera de Buenos Aires quedaron aislados. Este aislamiento les impidió cumplir su función de intermediarias en el comercio y en el transporte entre Buenos Aires y los importantes mercados de Chile y el Alto Perú. Las diferentes regiones de las Provincias Unidas (el norte, el interior con centro en Córdoba y Cuyo) comenzaron a reorganizar sus producciones agrícolas, ganaderas y artesanales que eran demandadas en el intercambio con los nuevos centros urbanos.

Desde 1810, los diferentes gobiernos se vieron compelidos a buscar formas de obtener recursos, sobre todo para el mantenimiento de los ejércitos que aseguraban la continuidad y el desarrollo del proceso revolucionario. Una de esas formas fue la aumentar los impuestos y las contribuciones extraordinarias a los sectores comerciales urbanos. Otra manera de obtener recursos fue la exigencia de entregar ganados y frutos de la tierra a los propietarios rurales. Las zonas rurales además, contribuyeron con sus trabajadores y esclavos a aumentar las filas de los ejércitos, lo que acentuó la escasez de mano de obra.