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Primera JuntaObra de la Junta
La Junta se encargó de presentarse como heredera de las autoridades metropolitanas que estaban en manos de Napoleón Bonaparte. Por eso, sus miembros juraron fidelidad al monarca Fernando VII. Las primeras tareas de la Junta fueron difundir sus ideas, lograr el reconocimiento de su autoridad ante los pueblos, sofocar los epicentros contrarrevolucionarios y reunir un Congreso en que hubiera representación de los distintos territorios del virreinato. Además, se fue desplegando una intensa labor que se concretó en múltiples reformas: Vieytes, en Salta; Castelli, en el Alto Perú, Pueyrredón, en Córdoba; Belgrano, en Paraguay; y Moreno, en Buenos Aires propiciaron cambios poniendo en acto las ideas que sostenían. La Junta declaró la libertad de comercio y disminuyó los derechos de exportación de frutos del país en un cincuenta por ciento. También decidieron abrir al comercio exterior los puertos de Maldonado en la Banda Oriental y Río Negro –donde se halla Carmen de Patagones- y el de Ensenada. Se buscó agilizar la exportación de productos autóctonos y promover el poblamiento de estas zonas. Para ello, Moreno redactó instrucciones respecto de cómo debía llevarse a cabo la venta de los terrenos y el asentamiento de los habitantes. Se establecía que no se podía vender más de una cuadra y que todo propietario de mayor extensión podía ser obligado a vender a cualquiera que lo solicitara, como modo de evitar la formación de grandes propiedades. Estas medidas se basaban en las sugerencias de Pedro Andrés García, que había sido designado para realizar una expedición a la “frontera” con el objeto de realizar estudios agrarios de la campaña bonaerense, para luego repartir sus tierras y colonizarlas. Estas ideas formaban parte del Plan Revolucionario de Moreno.
Para la época, las explotaciones mineras eran uno de los pilares más sólidos del privilegio español. Moreno propuso que las minas de oro y plata fueran manejadas por el nuevo gobierno y se prohibió la salida del país de metales preciosos. Se creó un fondo para impulso a la industria minera. Los morenistas sabían que no podría sostenerse el proceso revolucionario sin la base económica, la concentración social y el manejo de llave estratégica del Alto Perú (actual Bolivia), cuya población pasaba del millón de indígenas explotados por una oligarquía minera capaz de utilizar esas riquezas para financiar la contrarrevolución desde el Perú. Castelli durante su campaña al norte y desde Potosí, declaró la liberación de los esclavos, el fin del trabajo servil de los indios, la reforma agraria y expropiación de las tierras, ganados y cultivos a los que habían huido hacia Lima. En la proclama dirigida al pueblo el 26 de mayo, la Junta establecía que trataría de lograr por todos los medios posibles "[...] la observancia de las leyes que nos rigen y el sostén de estas posesiones en la más constante fidelidad y adhesión a nuestro muy amado Rey y Señor D. Fernando VII y sus legítimos sucesores en la Corona de España". Siguiendo estos lineamientos, los integrantes de la Junta trataron de conseguir la legitimación del ex-virrey, el Cabildo y la Audiencia y los invitaron a prestarle juramento. Disgustados por esa exigencia, se pusieron inmediatamente a trabajar en la organización de la contrarrevolución. Se propusieron levantar al resto de los territorios del Virreinato contra la Junta, para eso despacharon emisarios de la contrarrevolución —especialmente hacia Córdoba, que sería el principal centro de actividades—.
En Córdoba, Santiago de Liniers, el gobernador Gutiérrez de la Concha y el obispo Orellana capitaneaban la contrarrevolución. A ellos se sumó el virrey del Perú, José de Abascal que había desconocido a la Junta de Buenos Aires y había incorporado preventivamente las intendencias del virreinato a su jurisdicción, las cuales debían depender de la Audiencia de Charcas. El Cabildo de Córdoba reconoció a Abascal y a la Audiencia. A instancias de Mariano Moreno, la Junta decidió una enérgica acción: envió una expedición de 1.500 hombres comandadas por Francisco Antonio Ortiz de Ocampo. Ocupó Córdoba sin hallar resistencia y envió destacamentos para capturar a los rebeldes. El Cabildo cordobés había rectificado su posición, dejando sin efecto el reconocimiento de Abascal. Liniers y los otros cabecillas fueron capturados y Ocampo recibió la orden de fusilarlos, pero con la anuencia de Hipólito Vieytes -representante de la Junta en la expedición- decidió no hacerlo y enviar a los prisioneros a Buenos Aires. Ante la vacilación de Ocampo, fue despachado para reemplazarlo Juan José Castelli. Este cumplió la orden emanada de la Junta y fusiló de inmediato en la posta de Cabeza de Tigre a los contrarrevolucionarios, sólo se salvó el obispo Orellana por respeto a su investidura. Córdoba reconoció a la Junta y se nombró a Juan Martín de Pueyrredón como gobernador-intendente. Entre otras medidas, se ordenó la realización de un censo a los habitantes de Buenos Aires; para conocer los recursos naturales y bienes disponibles. Los criollos fueron incorporados para desempeñarse en cargos administrativos; los indígenas que conformaban los batallones de Pardos y Morenos fueron equiparados e incorporados a los batallones de criollos. El Estado se dedicaría a la fabricación de fusiles en Buenos Aires y Tucumán y ordenó la creación de una fábrica de pólvora en Córdoba. Además, la Junta retuvo la dirección de la Iglesia y logró incorporar en cargos superiores a los curas criollos que adscribían a las ideas revolucionarias. Se encargó a los curas de las diócesis la lectura de La Gazeta desde el púlpito “para instruir al pueblo de los principios del nuevo gobierno al que se debía obediencia".
Le sugerimos la lectura de la Circular de la Primera Junta de Gobierno, emitida el 27 de mayo de 1810.
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Allí, también planteaba que invirtiendo "[...] una cantidad de doscientos o trescientos millones de pesos puestos en el centro del Estado para la fomentación de las artes, agricultura, navegación, producirá en pocos años un continente laborioso, instruido y virtuoso, sin necesitad de buscar exteriormente nada de lo que necesita para la conservación de sus habitantes, no hablando de aquellas manufacturas que, siendo como un vicio corrompido, son de un lujo excesivo e inútil, que deben evitarse principalmente porque son extranjeras y se venden a más oro de lo que pesan". Proponía invertir dinero para lograr una producción diversificada, que permitiera un desarrollo autónomo del Río de la Plata sin desviar la riqueza del país hacia la compra de productos importados. Fijando límites de extensión se mantenían los aranceles a la importación, no obstante la presión de los comerciantes ingleses, su rebaja se hizo efectiva bajo el primer Triunvirato de 1811.
En respuesta a esta situación, el sector morenista adoptó severas medidas: el 22 de junio desterró a España al virrey y a los oidores; se prohibió al obispo Lue y Riega concurrir a la Iglesia para que no utilizara el púlpito como tribuna de la contrarrevolución y se enviaron destacamentos militares hacia el resto de los territorios. "[...] cualquiera que hable o vierta especies contra el Nuevo Gobierno, será remitido preso a la capital", esa era la orden.