Educación

Luego del golpe del 24 de marzo, Ricardo Bruera fue designado como Ministro de Educación de la Dictadura (1976 a mediados de 1977).

La concepción pedagógica de Bruera y sus colaboradores sostenía que debía existir una  articulación entre la libertad individual y colectiva pero que ésta sólo era concretable a partir del establecimiento del orden. No sólo orden social sino un orden interno generado por un disciplinamiento externo y el autocontrol personal. 

Desde el Ministerio de Educación y Cultura, se gestó la "Operación Claridad". Se trataba de un plan a través del cual se pretendía identificar a los opositores al régimen en el ámbito cultural y de lograr la propugnada articulación entre libertad individual y colectiva a través del orden. Los integrantes de “El Proceso” se sentían amenazados por las ideas y proyectos extranjerizantes, por eso, buscaron restaurar los valores occidentales y cristianos y erradicar toda concepción ideológica que no fuera afín a esos contenidos. En una entrevista al presidente de facto, Jorge Rafael Videla, expresaba:

"La Argentina es un país occidental y cristiano, no porque esté escrito así en el aeropuerto de Ezeiza; la Argentina es occidental y cristiana porque viene de su historia. Es por defender esa condición como estilo de vida que se planteó esta lucha contra quienes no aceptaron ese sistema de vida y quisieron imponer otro distinto [...] 
[...] consideramos que es un delito grave atentar contra el estilo de vida occidental y cristiano queriéndolo cambiar por otro que nos es ajeno, y en este tipo de lucha no solamente es considerado como agresor el que agrede a través de la bomba, del disparo o del secuestro, sino también aquel que en el plano de las ideas quiera cambiar nuestro sistema de vida a través de ideas que son justamente subversivas; es decir subvierten valores [...]
El terrorista no sólo es considerado tal por matar con un arma o colocar una bomba, sino también por activar, a través de ideas contrarias a nuestra civilización, a otras personas".
 Diario La Prensa, 18 de diciembre de 1977.

La censura fue uno de los mecanismos de control que aplicó la dictadura militar. En dependencias del Estado, trabajaron muchos censores determinando qué se podía publicar; recortando películas; letras de canciones; etc.

Muchos escritores, intelectuales, actores, cantantes, fueron considerados terroristas y por eso fueron proscriptos junto con sus obras, otros fueron secuestrados,  muertos o tuvieron que marchar al exilio.

También en las instituciones educativas de los diferentes niveles de la escolaridad, centenares de docentes fueron cesanteados, inhabilitados para enseñar,  perseguidos, desaparecidos y muertos. Lo mismo ocurrió con el estudiantado.

Para cumplir con este “objetivo”, se organizó un aparato de espionaje dentro de las escuelas –infiltrando estudiantes, colocando en los cargos directivos agentes de las fuerzas de seguridad, logrando la “colaboración” de docentes y estudiantes-  para detectar y delatar a que fueran opositores a los lineamientos educativos planteados por la dictadura y, a partir de esos datos, incorporarlos en las llamadas “listas negras”.

Los sucesivos ministros -Bruera, Catalán, Llerena Amadeo, Burundarena y Liciardo- entendían que el ámbito de la cultura y la educación eran los más adecuados para que la subversión pudiera realizar su trabajo de captación ideológica. Por esa razón, trataron de ejercer un control estricto de esos dos ámbitos a partir de la producción de materiales que revelaran el accionar del enemigo y orientaran a los integrantes de la comunidad educativa para encarar la lucha contra él. La Resolución 538/77 firmada por el ministro Juan José Catalán expresaba que entre los Propósitos y los Objetivos Básicos del Proceso de Reorganización Nacional se encuentra:

“[...] la erradicación de la subversión en todas sus formas.
[...] la vigencia de los valores de la moral cristiana, de la tradición nacional y de la dignidad del ser argentino y la conformación de un sistema educativo acorde con las necesidades del país, que sirva efectivamente a los objetivos de la Nación y consolide los valores y aspiraciones culturales de ésta.
[...] Que el personal docente y directivo de establecimientos educacionales es el que, en definitiva, en forma directa, ejercita la transmisión de conocimientos y la conducción de los respectivos ámbitos.
Que por tal motivo resulta necesario proveer a dicho personal de la mayor información para el cumplimiento de sus funciones y la delicada labor a su cargo”.

En consonancia con lo expuesto resolvía:

“1°. El folleto titulado “Subversión en el ámbito educativo (Conozcamos a nuestro enemigo)” se distribuirá en todos los establecimientos educacionales [...]”

También establecía que los directivos serían los responsables de dar a conocer el contenido del folleto entre el personal docente y administrativo y que, en la medida en que fuera viable, su contenido se haría extensivo a los estudiantes. Los supervisores eran los encargados de velar por el cumplimiento de la Resolución 538. Se pretendió infundir la idea de que la “guerra” contra la subversión se peleaba también en la escuela. 

En la aludida Resolución, se enumeran los argumentos utilizados por los subversivos para captar adeptos: que todos puedan estudiar; que no se atienden las necesidades estudiantiles; que no hay libertad de expresión ni diálogo; aumento del presupuesto educativo, entre otros (Subversión en el ámbito educativo. Conozcamos a nuestro enemigo. Buenos Aires, Ministerio de Cultura y Educación de la Nación, 1978, p. 40-41).

Todo estaba bajo control. Se realizaron purgas del material bibliográfico que circulaba en las escuelas porque las fuerzas de seguridad habían advertido que desde “páginas inocentes” en apariencia, objetiva o subjetivamente, se emitían mensajes contrarios a los “valores nacionales”. Fueron prohibidos, quemados, sacados de circulación muchísimos libros considerados “material subversivo”

Los integrantes del gobierno de facto pretendían que la sociedad toda debía participar, vigilar y denunciar al enemigo. La nota dirigida al ministro de educación publicada en la Revista Gente da cuenta de cómo accionaban los “colaboradores”: 
“Doctor Catalán: esto tiene que preocuparlo.
El país viene de sufrir una guerra. Armada e ideológica. Y la ganó gracias al valor y el sacrificio de muchos. Pero esa guerra no terminó. El enemigo aprovechará cualquier fisura para seguir con su trabajo destructor. Un área fundamental para ellos es la educación en los tres niveles. Su táctica es atrapar mentes y en especial la de los jóvenes, que son el futuro de la Nación.
Nos preocupa entonces que aún hoy circulen en los colegios libros con frases y conceptos como los que transcribimos. No pretendemos desatar una caza de brujas. Pero el lenguaje y la ideología que esos libros expresan se parecen demasiado a la ideología que imponen los subversivos marxistas en la prédica diaria. Creemos que esto debe ser controlado y corregido".

Revista Gente, Buenos Aires, Atlántida, abril de 1978.

La nota hacía referencia al libro de historia “Las edades Moderna y Contemporánea”, de los profesores Juan Antonio Bustinza y Gabriel Ribas de la Editorial Kapelusz. Poco tiempo después, a través de la Resolución 555/78 del Ministerio de Educación, se establecía que los contenidos del libro no eran acordes a los objetivos educativos de “El Proceso” y por ello no se podría utilizar ni recomendar en las escuelas, debiendo ser retirado de las bibliotecas bajo supervisión de las autoridades.

La política educativa implementada por la dictadura militar tendió al vaciamiento de los contenidos curriculares, redujo el presupuesto del área, impulsó la privatización de la educación pública y la transferencia de los servicios educativos a las provincias y municipalidades y militarizó la escuela. Esto fue posible merced a la complicidad de muchos integrantes de la población civil.

Seguramente los contenidos de la Resolución 538/77 le despertaron la necesidad de profundizar en su contenido. A continuación, compartimos uno de sus capítulos.